Corte de Apelaciones acoge recurso de protección contra Inspección del Trabajo que suspendió negociación colectiva por calificación de servicios mínimos pendiente

Sentencia controvierte dictamen de la Dirección Nacional del Trabajo que extendió suspensión de la negociación colectiva a hipótesis no previstas en la ley.

Un nuevo revés ha sufrido la Dirección del Trabajo en materia de servicios mínimos. Por sentencia de 5 de noviembre de 2018 (Rol 154-2018), la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección interpuesto por el Sindicato de la Clínica San Lorenzo contra la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral luego que ésta suspendiera la negociación colectiva reglada iniciada por aquel, por encontrarse pendiente la calificación de servicios mínimos.

El sindicato, que tiene contrato colectivo vigente,  presentó su proyecto de contrato colectivo dentro del plazo de 60 a 45 días anteriores al término de la vigencia pero cuatro días después el empleador solicitó a la autoridad administrativa que dejara sin efecto la presentación, lo que hizo 3 días después al emitir un “ordinario” declarando la suspensión del proceso negociador por encontrarse pendiente el recurso jerárquico interpuesto ante el Director Nacional del Trabajo, amparado en los dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo para implementar la reforma (Ord. 1563/038 de 7 de abril de 2017 y 1012/16 de 20 de febrero de 2018).

Sin embargo, la Corte declaró que la ley “ha consagrado la suspensión del proceso de negociación colectiva reglada en sus normas permanentes, única y exclusivamente en la hipótesis que no exista sindicato en la empresa”. De esta manera, concluyó que extender la aplicación de dicha norma al caso de “un sindicato con contrato colectivo vigente, constituido legalmente desde el año 2002, perturba y vulnera arbitrariamente el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en los N 16 y N 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber el derecho a la negociación colectiva y la autonomía sindical, respectivamente, en razón  a que el legislador efectuó dicha disquisición, no siendo potestad de la recurrida asilarse en una excepción no contemplada en la legislación laboral para la situación de marras”. Conforme a lo anterior, dejó sin efecto el “ordinario” y ordenó “dar continuidad, en forma inmediata” al proceso de negociación colectiva iniciado por el sindicato el 14 de junio de 2018.

La decisión de la Corte es correcta. La reforma laboral solo impide el inicio de una negociación colectiva, por calificación de servicios mínimos, en dos casos: una norma permanente, referida a la constitución del primer sindicato en una empresa (inciso cuarto del artículo 360 del C.T.), y otra transitoria  -ya extinguida- referida a las negociaciones colectivas iniciadas en los 180 días siguientes a su entrada en vigencia (artículo 3 transitorio).  Por lo que extender la prohibición de iniciar una negociación colectiva reglada a todos los casos en que la Dirección del Trabajo tenga pendiente la calificación de servicios mínimos, es una decisión que no se ajusta a la ley.

Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago ya había acogido un recurso de protección interpuesto por un sindicato con instrumento colectivo vigente contra la Dirección Regional del Trabajo de Santiago por no calificar los servicios mínimos dentro de plazo legal, lo que -según los dictámenes de la DT- inhibía a la organización de presentar proyecto de contrato colectivo para iniciar su negociación reglada (sentencia de 4 de septiembre de 2018, Rol 47.032-2018). En esta oportunidad, se va al fondo del asunto, concluyendo que la calificación de servicios mínimos no inhibe el inicio de la negociación reglada de un sindicato que ya tiene instrumento colectivo vigente, por lo que una vez presentado el proyecto de nuevo contrato aquella debe continuar.

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