Dictamen Ley 20.724: el costo por colusión que las empresas farmacéuticas no pueden traspasar a sus trabajadores

El publicitado caso de colusión de las farmacias dejó en evidencia una irregularidad que los trabajadores venían denunciando hacía rato: sus contratos fijaban comisiones que dependían de la venta de determinados productos, los que tenían un valor comercial a veces hasta 1000% más caro que el genérico, y que, como puede sospecharse, constituían la parte más importante de su remuneración. Una ley promulgada en febrero de este año obliga a poner fin a este pernicioso incentivo, sin afectar las remuneraciones de los trabajadores. La Dirección del Trabajo acaba de emitir un dictamen sobre la forma en que debe efectuarse el “ajuste”. (*por Daniela Marzi)

La Ley N°20.724 de 2014 incorpora al artículo 100 inciso cuarto y quinto del Código Sanitario, la siguiente redacción:

“Quedan prohibidos la donación de productos farmacéuticos realizada con fines publicitarios y los incentivos económicos de cualquier índole, que induzcan a privilegiar el uso de determinado producto a los profesionales habilitados para prescribir y dispensar medicamentos o a los dependientes de los establecimientos de expendio y a cualquier otra persona que intervenga en la venta o administración de medicamentos/ Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico entregado o realizado a las personas señaladas en el inciso anterior, por parte de laboratorios farmacéuticos, droguerías, importadores o distribuidores de medicamentos, establecimientos farmacéuticos en general o por quienes los representen”.

La misma ley contiene un artículo transitorio que ordena a los empleadores a ajustar su esquema de remuneraciones a la nueva normativa-estipulado en un contrato individual o colectivo- en el plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley, precisando que:

“dicho ajuste consistirá en que los porcentajes totales de los incentivos económicos señalados en el inciso anterior, deberán pagarse con cargo a otros emolumentos variables, lo que deberá reflejarse en las respectivas liquidaciones de remuneraciones. Este ajuste no podrá significar una disminución en el monto o porcentaje total de las comisiones u otros emolumentos variables que conformen la remuneración del trabajador, calculado sobre la base del promedio anual entre enero y diciembre del año 2011 o igual término del año 2012, debiendo aplicarse de entre ellos, el que presente una remuneración promedio más alta”.

La Dirección del Trabajo, a través del Ord. Nº 3111/039 de 14 de agosto de 2014 , subraya que el sentido de la norma es proteger las remuneraciones. Dentro de ese lineamiento las condiciones que se deberán cumplir son:

“a) Debe estar referida, únicamente, a aquella parte de las remuneraciones variables recibidas por la venta de productos farmacéuticos.

b) Debe efectuarse en el plazo fatal de seis meses contados desde el 14 de febrero de 2014, fecha en que entró en vigencia la ley 20.724.

c) Debe reflejarse expresamente en la liquidación de remuneraciones.

d) Los porcentajes totales asociados a aquellos incentivos económicos que como consecuencia de la nueva normativa hubieren sido eliminados, deberán pagarse con cargo a otros estipendios variables”.

El dictamen también aclara la forma en que deberá efectuarse el cálculo del promedio, lo cual dependerá de la fecha de contratación del trabajador y de los meses íntegramente trabajados. Asimismo, garantiza el pago de la semana corrida correspondiente a dicho promedio.

Sin embargo, sabiendo que las remuneraciones no podrán dar un resultado peor que el más favorable de los períodos enero-diciembre de 2011 o de 2012 (la DT agrega también el período enero-diciembre de 2013 para algunos trabajadores),  queda la duda de cómo se llevará a cabo la imputación a otros emolumentos variables ya que, atención, de no lograr consensuarse con los trabajadores o sus organizaciones -dependiendo de dónde se encuentre el pacto-, el empleador estará igualmente obligado a cumplir, por lo que deberá modificar unilateralmente los contratos.

El dictamen advierte que se encuentra pendiente una consulta al Ministerio de Salud sobre el sentido y alcance de la prohibición del artículo 100 del Código Sanitario, que también delimitará los márgenes de actuación del empleador en la modificación a la forma de composición de las remuneraciones variables.

Más allá de esta vía institucional, que aclara el sentido de la norma y define su objetivo protector, es dudoso que su cumplimiento vaya a ser un campo pacífico. Por más de cuarenta días el reciente paro de los trabajadores de Cruz Verde, que se fundaba en este mismo problema -y estándose al filo del vencimiento del plazo legal decretado a las empresas farmacéuticas para ajustarse a la normativa-, intentó “conectar” con la ciudadanía consumidora de fármacos, explicándole que el trabajador gana su salario en base a vender al público medicamentos más caros -lo que perjudica su derecho a la salud-, y que eso no había cambiado. Pese al esfuerzo desplegado, la huelga fue depuesta sin haberse conseguido mejoras salariales ni concientizar a la población que, al fin de cuentas, era la más perjudicada.

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