Ayer 3 de Junio, la sala del Senado aprobó el proyecto de ley de Multirut en los mismos términos que le fuera remitido por la Comisión de Trabajo. Sin embargo, es interesante ver cómo los parlamentarios de la Nueva Mayoría, a pesar de votar a favor de la iniciativa, demostraron su poco entusiasmo con ella y no se reservaron críticas.
Por ejemplo, respecto de mantener el concepto de empresa y agregar un párrafo adicional, se afirmó que “no es la solución ideal, lo óptimo sería terminar con el concepto de empresa” (Muñoz), “no nos satisface a muchos” (Letelier) y que se trataba de “una solución relativamente inestable” (Montes) ya que quedaba al criterio de los jueces. También se cuestionó fuertemente la necesidad de recurrir a los tribunales y el desmedro de las facultades de la Dirección del Trabajo (Guillier, De Urresti) y que no se tramitara conforme al procedimiento de tutela laboral (Quinteros).
Es tan poca la convicción que existe entre los parlamentarios oficislistas que, mientras el Senador Guillier afirma que adolece de “carencias muy grandes” y “no cree que vaya a resolver los problemas”, la Senadora Muñoz encomienda su aplicación “a la sabiduría de los jueces”.
También hubo expresiones más moderadas: algunos calificaron el proyecto como “un avance” (Harboe, Lagos) y otros a llamaron a verlo como una iniciativa “de transición” hacia una discusión más profunda (Goic).
La principal defensa de la Ministra del Trabajo para justificar la necesidad de una sentencia judicial es que el tema siempre se judicializará, los empleadores igual van a impugnar ante los tribunales la resolución de la DT. El razonamiento es: entonces acortemos el camino y vayamos directo a tribunales. Sin embargo, el argumento no es correcto: las reclamaciones contra resoluciones de la DT se tramitan en procedimiento monitorio, no en procedimiento ordinario como se propone en el proyecto, y por tanto no llegan a la Corte Suprema y su duración es mucho, muchísimo más breve.
Segundo error de la Ministra
Los Senadores de la Alianza (Allamand y Larraín) no solo se mostraron muy conformes con la propuesta del Gobierno sino que incluso respaldan 100% las opiniones del Ministerio. ¿Cómo así? Les interesa sobremanera que quede claro en qué consiste la “dirección laboral común” y para ello pidieron que quedara como “historia fidedigna de la ley” las palabras que la propia Ministra del Trabajo utilizó para explicar el concepto. ¿No parece sospechoso? Claro que lo es, pues las expresiones utilizadas por la Ministra aludieron al “ejercicio material de la potestad de mando”, “subordinación y dependencia” y “organización laboral”. Obviamente las empresas alegarán que la Gerencia de RR.HH. (que es única para todas las razones sociales) no “manda ni organiza materialmente”, que eso lo hace el Jefe directo, y resulta que ambos están contratados por razones sociales distintas.
Si esto prospera, sería el segundo “Gol” que el Senador Allamand obtendría a costa de la Ministra, luego que en la Comisión de Trabajo consiguiera que se exija “mala fe” para declarar la existencia de subterfugio. De todos modos el Senador Letelier fue enfático en cuestionar la intencionalidad restrictiva del Senador Allamand, pero el Senador Larraín llamó a los Senadores de la Nueva Mayoría a respaldar los dichos de la Ministra.
CUT-CPC: “cuidar la relación”
El Senador Navarro fue el único que no votó a favor de la fórmula conceptual empleada (se abstuvo), cuestionó que se mantuviera el “anómalo” concepto de empresa y que, teniendo la Nueva Mayoría los votos necesarios, no se aprobara una ley que realmente beneficie a los trabajadores.
El Senador tiene razón: el proyecto es de quórum simple y el Gobierno tiene los votos. Por primera vez no se necesita de los votos de la derecha para aprobar una ley en materia laboral. ¿Entonces por qué se insiste en una fórmula que a lo menos consideran insuficiente? ¿Por qué dejar a “la sabiduría de los jueces” lo que está entregado “a la sabiduría del legislador”?
La razón no pudo explicarla de mejor manera la Senadora Goic: “hay que cuidar la relación”, refiriéndose al Acuerdo de Voluntades de la CUT-CPC (enero 2012), que motiva, justifica y también limita el proyecto. El Senador Letelier mejoró la justificación aludiendo a la necesidad de fomentar el Diálogo Social.
Queda entonces la sensación que, si la iniciativa no fuera parte del acuerdo CUT-CPC, el proyecto del Gobierno talvez hubiera sido mejor.
