El 6 de enero se presentó en la Cámara de Diputados el Informe Financiero de la reforma laboral. De acuerdo a la Dirección de Presupuestos, la reforma implicará un costo adicional de casi $4 mil millones para el estado, cantidad que podría ser insuficiente para procurar que las disposiciones cumplan con los objetivos declarados.
El mayor gasto estatal estará en el fondo de formación sindical y relaciones laborales colaborativas. Su costo total es de $2.143 millones, pero el costo adicional es de $1.140 millones ya que el dinero restante corresponde al financiamiento actual del Programa Nacional de Escuelas Sindicales, las multas por prácticas antisindicales y desleales, y resignaciones de ingresos del SENCE.
El foco en los “servicios mínimos”
Llama la atención, no obstante, la cantidad de dinero destinada a la calificación de servicios mínimos: $1.800 millones. Tal como se explica en la glosa, este monto “Corresponde al costo total de los estudios para cada uno de los 60 Subsectores Económicos informados por el INE a la División de Estadísticas de la ONU de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).”
Esto significa en promedio $30 millones para el estudio de servicios mínimos necesarios en cada subsector.
Pero, si los servicios mínimos se supone que serán excepcionales y específicos, ¿por qué se harán estudios por cada subsector de la economía? ¿Y por qué se destina “apenas” $30 millones para cada subsector?
Al hacer estudios por subsector, pareciera que el mismo gobierno prevé que, ante la prohibición del reemplazo en caso de huelga, habrá una gran demanda por calificación de servicios mínimos, expandiendo la obligación de proporcionar equipos de emergencia a sectores productivos que con la regulación actual no tienen derecho a ellos. Y es tal la importancia que le atribuye que además le destina casi la mitad del mayor costo fiscal que representa la reforma.
Además, al destinar $30 millones para la elaboración de estudios por cada “subsector de la economía” daría a entender que éstos serían generales y no abordarían la situación específica de cada empresa, en circunstancias que la calificación de servicios mínimos y la conformación de los equipos de emergencia respectivos son cuestiones que debieran ser resueltas por la Inspección del Trabajo caso a caso, por cada empresa, por cada negociación.
Si bien la Inspección del Trabajo respectiva debe llevar a cabo una fiscalización, se corre el peligro que -ante la ausencia de otros criterios- se limite a constatar el estándar o los criterios generales contenidos en el informe del subsector.
Y aunque las partes de la negociación pueden solicitar informes de servicios mínimos a entidades públicas o privadas, la reforma no contempla financiamiento especial para otras entidades públicas distintas de la Dirección del Trabajo, de modo que es probable que se abra un importante ámbito de negocio para empresas consultoras, cuyos servicios generalmente son contratados solo por los empleadores, procurándose de este modo una ventaja procesal muy importante si se tiene en consideración que todo lo relacionado con servicios mínimos -en última instancia- será resuelto por un tribunal.
¿Presupuesto adecuado para mediaciones?
De acuerdo a las cifras que maneja la DIPRES, la reforma implicaría un aumento de un 30% respecto de la cantidad de mediaciones que la Dirección del Trabajo realiza actualmente. Por eso también llama la atención que para este aumento de mediaciones se destinen apenas $300 millones anuales, ya que -sin considerar que algunas inspecciones ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria- este dinero sólo alcanzaría para contratar aprox. 25 nuevos mediadores en todo el país (suponiendo que a cada mediador se le pagare una remuneración de $1 millón de pesos), cantidad que se advierte insuficiente para hacer frente a la demanda esperada, por lo que no sería de extrañar que se traduzca en una mayor carga de trabajo para los mediadores actualmente vigentes.
