*Por Daniela Marzi
El trabajo será central en el proceso constitucional, pues tendremos que revisar seriamente cuál es su papel en el quiebre social que hemos vivido. El proceso constitucional obligará a pensar acerca de si debemos seguir proponiendo nuevas formas precarizadas de trabajo, que debemos refundar la seguridad social y, por sobre todo, debemos crear y promover formas de participación de los trabajadores y trabajadoras.
El trabajo ha sido el principio organizador de la sociedad capitalista. Por primera vez prometió ciudadanía a las personas que deben realizar una actividad para sobrevivir. Sin duda esa fue una idea y un programa político de progreso. Después, como todo, fue mostrando sus corrosiones.
Hoy constatamos que la oferta de trabajo es precaria: tener contrato indefinido por jornada completa es cada vez más excepcional. Sin embargo, incluso logrando esa posición no se garantiza una condición segura: el despido es flexible y los salarios son bajos. En ese contexto no es posible, sin torcer la realidad, sostener que el trabajo da una ciudadanía social. En semejante caída libre del trabajo con derechos lo que va quedando solo es el sometimiento y la coerción ante la falta de alternativas.
El que no exista estabilidad en el empleo hace tambalear todos los otros derechos: si me pueden despedir fácilmente no puedo organizarme en un sindicato, negociar colectivamente o ejercer el derecho de huelga. El caso chileno es un ejemplo de cómo la precariedad laboral permite exterminar sindicatos.
Cuando por algunas décadas posteriores a la segunda guerra mundial se habló en Europa occidental de ciudadanía laboral y democracia en la empresa, no se refería al reconocimiento de los derechos fundamentales que se tienen por ser persona, como el derecho a la integridad psíquica o a la intimidad, el derecho a no ser discriminado, etc., sino que se sostenía, ante todo, que la organización sindical era instrumento de participación en la empresa, como reconocimiento de la organización de trabajadores ─hoy agregamos de trabajadoras─ como interlocutor legítimo para ir negociando los conflictos laborales o choques de intereses que se producen regularmente en los espacios de trabajo. Se negocian mejoras en los salarios en primerísimo lugar, eso es indiscutible, pero no se reduce solo a eso: sin importar las dimensiones de la empresa, da un derecho a voz que irá creciendo de acuerdo a cada realidad laboral o espacio de negociación. Es así como una central sindical o una confederación de sindicatos se constituía para ser un agente imprescindible en la definición de políticas estatales.
El reconocimiento del interlocutor válido de parte de los trabajadores diremos que hoy se muestra como una carencia importante en nuestra quebrada sociedad chilena. Tras el estallido social fue evidente que no había representantes que dieran un mínimo de orden y legitimidad social a los debates con el ejecutivo.
Sostenemos, en consecuencia, que el trabajo será central en el proceso constitucional, pues tendremos que revisar seriamente cuál es su papel en el quiebre social que hemos vivido. El solo hecho de poder debatirlo será un avance ya que de una discusión en serio ya ni se tiene memoria y el trabajo ha cambiado. Una encuesta de noviembre de 2019 del Núcleo de Sociología Contingente de la Universidad de Chile hecho a los manifestantes de la Plaza de la Dignidad mostró que se trata de personas entre 33 y 39 años; que el 32% de ellas con estudios técnico superiores y otro 32% con estudios universitarios y un 10, 4% con posgrado. Este tipo de cifras permiten afirmar algo que es relevante para la educación superior y para el trabajo: muchas personas adultas hicieron todo lo que de acuerdo al sistema se debía hacer para poder aspirar a una vida no solo de subsistencia sino de tranquilidad económica y de reconocimiento de la propia actividad. Se trata, entonces, de una promesa que se presenta como fallida y esas personas se encuentran juntas y movilizadas.
Ante la crisis sanitaria producto del coronavirus, vemos que no hay canales establecidos con los trabajadores y trabajadoras para poder organizar con rapidez el trabajo a distancia. No importa que esa sea una posibilidad que puede ser negociada por empleador y trabajador de acuerdo a la legislación actual y que es urgente que sea implementada: urgente para todos y cada uno sin distinción de clase. Con todo y eso, el hecho es que el teletrabajo no se usa y esto se puede deber a que no es fácil reorganizar el funcionamiento de una actividad si no es con la coordinación y colaboración de quienes trabajan, y eso requiere una cierta costumbre al diálogo y negociación y una cierta disciplina tras los acuerdos. No la tenemos.
La falta de estadísticas serias sobre el trabajo nos perjudica hoy y nos afectará en el debate constitucional: ¿cómo saber con exactitud toda la gente que trabaja en la ilegalidad o en la pseudo autonomía a la que no sacamos nada con decirle que se recluya, porque si no produce no come? Basta pensar en las personas que venden comida en la calle: puede que sus condiciones de trabajo de horario y ganancia sean más atractivas que un sueldo mínimo por jornada completa, pero hoy vemos con crudeza lo que ante una crisis social te hace pagar el neoliberalismo. Esa gente no tiene a qué aferrarse ni tiene quién la represente aunque su vida esté amenazada o que ellos mismos contribuyan a incrementar un riesgo para toda la sociedad. Es entonces que vemos que la protección social por medio del trabajo y la que no debe depender del trabajo es un debate medular y otra, sin duda, es tener órganos representativos de todos estos intereses con quien negociarlos y llegar a acuerdos que sean reconocidos por la sociedad. Ninguno de esos pilares están a la mano y esas conducciones políticas no se inventan en coyunturas. En estos meses hemos experimentando esa falta.
La posibilidad de debatir, no por el gusto de conversar sino con miras a incidir en las decisiones, que permite el proceso constitucional, nos obligará a pensar acerca de si debemos seguir proponiendo nuevas formas precarizadas de trabajo, que debemos refundar la seguridad social y, por sobre todo, debemos crear y promover formas de participación de los trabajadores y trabajadoras por medio de sus organizaciones libres, para que puedan hacer valer a tiempo sus problemas y reivindicaciones ante el poder, tanto el privado de una empresa como el estatal. No caerá una respuesta iluminada antes que podamos conocer y comprender las verdaderas características del trabajo hoy, el problema que constituye y de qué manera por medio del trabajo se puede ir cohesionando lo que se encuentra roto. Necesitamos esos interlocutores para poder tener ese conocimiento de la realidad, pero incluso si esa respuesta genial nos fuera de alguna manera revelada, tampoco serviría pues hoy sabemos que sin participación ninguna propuesta se enraíza en la sociedad[1]. El proceso constitucional abre esa puerta al camino y al resultado.
Una nueva constitución surgida
tras sucesivas luchas sociales como la feminista o la mediambiental tiene mucho
pensamiento y material acumulado para hacer una nueva promesa de ciudadanía
para las personas que trabajan, incorporar a la idea de valor y de trabajo a quienes
fueron marginadas de esta: piénsese en la importancia de los cuidados en una
sociedad como la nuestra y en la irracionalidad de que estos no se reconozcan
social y económicamente. Pero junto con ello garantizarles a quienes trabajan formas
de participación en la futura política, para que no sea tan fácil que se
vuelva a esclerotizar la política y la sociedad. El trabajo filtra importantes
dimensiones de la existencia, individual pero también de participación política.
Hoy se cotiza a la baja el discurso de que todo es consecuencia del esfuerzo y
de la capacidad, ya el sentido común detectó que se trata de sistemas y Chile
llegó al final del camino de la sociedad atomizada. El trabajo es una llave a distintas entradas
necesarias de analizar para lo que en definitiva es el fin de la nueva
Constitución: la reconstitución del vínculo social y es un terreno firme sobre
el cual comenzar el debate acerca de los contenidos.
[1] Agradezco esta idea al profesor de Psicología de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales.
